Sin presupuesto para pagar intérpretes indígenas, aramos en el desierto: INALI

TEXTO: ELISA RUIZ
OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- De acuerdo con el INEGI y la reciente Encuesta Intercensal, en México, más de 25 millones de personas se autoadscriben como indígenas, de los cuales, más de 7 millones hablan su lengua materna.
Si tomamos en cuenta que existe un censo oficial de 500 intérpretes en lenguas indígenas en todo el país, el reto para garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas es aún muy grande.
Así lo considera el Subdirector de Capacitación en Lenguas Indígenas del de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), Luis Arturo Fuentes Gómez, quien participa en la Reunión de trabajo sobre “Interpretación y Traducción de Lenguas Nacionales en el Sistema de Justicia” que se lleva a cabo en el Cetro Cultural y Académico San Pablo.
En encuentro, convocado por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (Cepiadet), con el apoyo del INALI, tiene como objetivo fortalecer lazos entre organizaciones dedicadas a la interpretación de lenguas indígenas a fin de articular esta actividad con instituciones de impartición de justicia, académicas y la sociedad en su conjunto.
Reúne a traductores e intérpretes de lenguas como el nahua, totonaca, yaqui, maya, mixteco, zapoteco, mixe y huave, entre otros, quienes analizan, entre otros temas, los restos de la implementación de la política y procesos de interpretación en lenguas nacionales en el ámbito de la justicia.
Luis Arturo Fuentes Gómez, del INALI, considera que en este tema, aún falta que se corresposabilicen las instituciones gubernamentales a las que la ley obliga a garantizar que cuenten con intérpretes para atender a la población indígena.
“Si una ley no prevé los recursos suficientes para el pago de intérpretes, paras sus viáticos, traslado, y que se faciliten los trámites para cubrir los honorarios, estamos arando en el desierto”, señala el servidor público que lleva casi diez años trabajado en lo que se denomina Estrategia Nacional de Formación, Acreditación y Certificación de Intérpretes en Lenguas Nacionales para el Ámbito de la Justicia.
“Tenemos más de 500 intérpretes pero si las instituciones de impartición de justicia en los estados no garantizan el pago, tanto de sus honorarios como de sus viáticos, esos intérpretes buscan otras formas de hacerse de recursos y ya no están disponibles, entonces, ese dinero que se aplicó en la capacitación por ocho o nueve años, se va a la basura”, advierte.
Detalla que desde 2007, luego de un balance hecho en las prisiones de México por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, s documentó que la mayoría de presos indígenas no contaban con intérprete e inició una política de formación de éstos, pero el trecho aún es largo.
Comentó que en las únicas entidades donde ya existen avances con Yucatán, Oaxaca y el Distrito Federal. En Oaxaca, a través de Cepiadet se han hecho acuerdos con el Tribunal Superior de Justicia del Estado para capacitar a sus jueces y ministerios públicos en pluralismo lingüístico y derecho intercultural, pero aún está pendiente el tema de los presupuestos para honorarios y viáticos de intérpretes.
En Yucatán se han empezado a cubrir pagos pero son aún incipientes. El Distrito Federal es el único estado que garantiza recursos a través de su Procuraduría o Fiscalía y de su sistema de impartición de justicia para el pago de intérpretes y traductores debidamente capacitados. En los demás estados se avanza pero a “cuentagotas”.
La Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Poder Judicial de la Federación, son las únicas instancias de la federación que cuentan con recursos asignados para los mencionados propósitos.
Por ello, conmina a las autoridades federales, estatales y municipales a considerar en sus presupuestos un capítulo para la asignación de recursos destinados a interpretación y traducción en lenguas indígenas, y así cumplir con la Constitución que establece el respeto a los derechos lingüísticos y a la justicia intercultural.

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